Vivienda Social se desarma el Congreso de Perú desactiva artículos clave que garantizaban una vivien

Vivienda Social se desarma el Congreso de Perú desactiva artículos clave que garantizaban una vivienda digna para los peruanos

La nueva ley de la Vivienda Social derriba pilares de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible y agrava la crisis de segregación y brecha de vivienda. La Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP) también ha encendido las alarmas, y denuncia un golpe a la predictibilidad en el sector

El Poder Ejecutivo promulgó la Ley de Vivienda de Interés Social (VIS), N° 32379, aprobada previamente por el Congreso de la República. Créditos: REVISTA COSAS

La reciente promulgación de la Ley N° 32379, conocida como nueva Ley de la Vivienda de Interés Social (VIS) en el Perú, ha generado controversia debido a su impacto en la normativa existente y su posible contradicción con disposiciones constitucionales.

Esta nueva legislación, según expertos, anula artículos clave de la Ley N° 31313, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible (DUS), debilitando el marco legal que promovía la VIS en todo el territorio nacional, pese a que, entre sus objetivos originales, figuraba garantizar el acceso a una vivienda digna a las personas en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad social.

El Congreso de Perú pone un alto al desarrollo de la vivienda digna

Para comenzar, la nueva ley es innecesaria. De acuerdo con el arquitecto Aldo Facho Dede, la Ley N° 32379 introduce complejidad en un tema ya polémico, especialmente en los distritos consolidados de Lima Metropolitana, como Lima Top y Lima Moderna, donde la implementación de la VIS enfrenta resistencias.

Según el urbanista, en las ciudades del interior del país la VIS es prácticamente inexistente. Esta situación se agrava con la eliminación del Artículo 82 de la Ley DUS, que establecía de manera explícita el deber del Estado de priorizar la VIS en todo el territorio nacional, y no solo promoverla. Ojo, no es lo mismo. La nueva ley, en cambio, no incluye esta obligación de forma clara, debilitando el compromiso estatal con el derecho a la vivienda digna.

Más trabas para la Vivienda Social en el Perú

En esta línea, el especialista rememora que, en 2024, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) realizó modificaciones a los artículos de la Ley DUS relacionados con la VIS, publicando un nuevo reglamento que recogía lo dictaminado por el Tribunal Constitucional (TC).

En su sentencia, el TC había señalado que la zonificación y su reglamento son competencias exclusivas de las municipalidades provinciales, limitando la capacidad del MVCS para emitir normas que alteren estos parámetros. Asimismo, el TC reconoció la VIS como un derecho que debe desarrollarse en cualquier zona compatible con el uso residencial, siempre que se cumplan los parámetros establecidos por las municipalidades provinciales.

El análisis también subraya que la Vivienda de Interés Social no debe entenderse como una tipología específica de vivienda o un producto inmobiliario, sino como un instrumento financiero diseñado para reducir la brecha habitacional. Prohibir o restringir su desarrollo, ya sea de manera tácita o explícita, limita la capacidad del Estado para actuar en este ámbito y afecta directamente a las familias más vulnerables.

El Tribunal Constitucional había señalado que la VIS debe desarrollarse en cualquier zona compatible con uso residencial, algo que la nueva normativa pone en riesgo.

Vivienda Social en el Perú: ¿El problema es la oferta o la demanda?

En el caso de Lima Metropolitana, Facho Dede señala que los problemas relacionados con la VIS no se deben a los créditos o subsidios otorgados, sino a los parámetros que fueron impuestos desde el Ministerio de Vivienda. Estos generaron distorsiones al contradecir las normas provinciales. La sentencia del TC del 2023 los declaró nulos, por lo que el reglamento VIS fue derogado.

Por ello, considera urgente que el MVCS cuente con el respaldo del Ejecutivo para incentivar y presionar a las municipalidades provinciales a actualizar sus zonificaciones y reglamentos. Esto permitiría establecer normas que fomenten el desarrollo de la VIS en las zonas mejor equipadas de las ciudades, promoviendo así una mayor equidad en el acceso a la vivienda.

En este contexto, la CODIP, que agrupa al 85% de la oferta inmobiliaria formal de Lima Metropolitana, ha expresado su preocupación por los posibles impactos en el sector y en la planificación urbana. La falta de claridad en algunos aspectos -sumado a los plazos ajustados de implementación-, plantea más dudas que certezas tanto para autoridades como para desarrolladores, pero, sobre todo, para cerca de 600.000 familias que no cuentan con una vivienda en el Perú y más de 1,3 millones que viven en condiciones inadecuadas.

No es fácil. La nueva Ley N° 32379 no solo ha sido calificada como innecesaria, sino que también ha generado preocupaciones por su impacto en los derechos fundamentales y en la capacidad del Estado para reducir la brecha de vivienda digna.